Durante el año 2025 se registró un total de 934 conflictos en el país, cifra algo inferior a la del año anterior (1.076), aunque se mantiene dentro del promedio histórico.

La conflictividad social del año presentó una dinámica claramente diferenciada en dos etapas en términos temáticos y territoriales: la primera, correspondiente al ciclo preelectoral, estuvo marcada por una fuerte interpelación al Gobierno central en el contexto de profunda crisis económica y política. Dada la persistente escasez de combustible –especialmente diésel–, de dólares y el incremento sostenido de precios de bienes y servicios, la conflictividad estuvo centrada en el cuestionamiento al manejo gubernamental de la crisis económica. Las múltiples protestas ocurridas en esos meses fueron expresión del deterioro progresivo de las condiciones de vida de la población y del malestar social existente ante la incapacidad gubernamental para salir del atolladero económico.

El otro elemento que activó la conflictividad durante la etapa previa a las elecciones fue la disputa interna en el MAS. Las movilizaciones impulsadas por sectores afines a Evo Morales alcanzaron niveles de alta radicalidad paralizando algunas regiones mediante bloqueos carreteros que interrumpieron la circulación de personas y mercancías, generaron desabastecimiento de productos básicos –especialmente alimentos– en los principales centros urbanos, incrementando la tensión social. Esta primera etapa concentró los picos más altos de tensión; el punto de inflexión se produjo en el mes de junio con la violencia desatada en Llagua por afines a Morales, que dejó ocho muertos, obligando al desescalamiento del conflicto.

La conflictividad de la segunda etapa, posterior a la realización de elecciones generales, se caracterizó por el desplazamiento de la presión social hacia los gobiernos subnacionales. La preocupación por la situación política del país y la incertidumbre sobre la realización de las elecciones fue sustituida por la manifestación de malestar ante la profunda crisis fiscal departamental y local como resultado de la desaceleración económica nacional.

En ese escenario destacaron los conflictos vinculados con el sistema de salud, registrándose protestas en todos los departamentos por la falta de pago de salarios y otros beneficios, así como por la carencia de insumos básicos, expresión de la crisis estructural en la prestación de servicios públicos esenciales. Las medidas de presión incluyeron paros prolongados, especialmente en Santa Cruz, donde los problemas de infraestructura, ítems y salarios son recurrentes y se arrastran desde hace varios años (según algunas fuentes, durante 40 días no hubo atención médica por los constantes paros de actividades). Igualmente se produjeron conflictos en el sector educación por las deficiencias de infraestructura, por temas salariales y otras obligaciones pendientes por parte de los gobiernos municipales.

Asimismo, se produjeron conflictos por problemas en el área de aseo urbano en La Paz, Quillacollo, Potosí, Oruro, Sucre, Santa Cruz y Tarija (salarios, falta de material de trabajo). En Tarija y el Beni se registraron masivas movilizaciones ante el anuncio de que las gobernaciones no cuentan con recursos para cumplir sus obligaciones económicas, evidenciando el grado de deterioro institucional al que se ha llegado.

El año 2025 cerró con la movilización convocada por la COB en rechazo al DS 5503, la primera gran protesta dirigida contra el nuevo gobierno, marcando el inicio de un nuevo ciclo de interpelación al nivel central del Estado. En este conflicto se mezclaron el rechazo generalizado a algunas medidas incluidas en dicha norma con la búsqueda de recuperación de protagonismo político por la organización sindical, lo cual muestra que, pese a que el país se encontraba en el período de descompresión propio del día después de la posesión del gobierno, las tensiones continúan latentes.

2025 fue percibido como un año muy conflictivo y violento. Aunque los datos muestran que el nivel de enfrentamiento violento fue algo menor al de los años precedentes (pasando de 12% a 10%), es necesario reconocer que la cifra de víctimas (muertos y heridos) fue muy alta y que en varios conflictos se empleó el bloqueo de carreteras como medida de presión, la cual genera una alta afectación a terceros, así como daños a la economía nacional. Se multiplicaron los intentos de avasallamiento de tierras en el Oriente, así como pugnas por yacimientos mineros en el Altiplano y Norte de La Paz, conflictos de alta radicalidad y con implicaciones socioeconómicas y ambientales severas que, en ocasión de tensiones políticas y económicas, suelen pasar a segundo plano.

La aparente reducción de la cantidad e intensidad de los conflictos una vez concluido el proceso electoral no debe interpretarse como estabilidad estructural. Las demandas acumuladas y no atendidas y las altas expectativas hacia la gestión del Gobierno de Paz podrían traducirse en nuevos ciclos de movilización si no se implementan respuestas económicas e institucionales oportunas y efectivas.