Durante el primer trimestre de 2026 se registraron 176 conflictos sociales en Bolivia, en un periodo con niveles moderados de conflictividad y un incremento de casos hacia marzo.

La dinámica estuvo marcada por factores económicos y laborales, en particular por el incremento de precios y las dificultades en torno al abastecimiento de combustible. A esto se suman problemas persistentes en la gestión pública —especialmente en servicios y educación— y demandas de justicia que reflejan desconfianza institucional.

Aunque predominaron medidas de presión de baja intensidad, los factores que sostienen la conflictividad se mantienen sin cambios relevantes. En ese sentido, más que una disminución del conflicto, lo que se observa es una fase de menor intensidad en un contexto donde las demandas se acumulan, las capacidades de respuesta siguen siendo limitadas y la transición política tiende a postergar, antes que resolver, los problemas existentes.